Tribunal Supremo de EE.UU. limita acceso a registros del DOGE

El alto tribunal anuló una orden judicial que permitía a un grupo de vigilancia examinar documentos del Departamento de Eficiencia Gubernamental. La decisión, emitida el 6 de junio de 2025, prioriza la separación de poderes en disputas sobre transparencia.

«Un freno a la divulgación de comunicaciones internas»

El Tribunal Supremo consideró que la orden del juez Christopher Cooper, que autorizaba al grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a revisar recomendaciones del DOGE para recortes en agencias ejecutivas, «no estaba adecuadamente ajustada». La mayoría destacó que «la separación de poderes exige deferencia judicial» en estos casos.

Disenso y alcance limitado

Los tres jueces liberales del tribunal mostraron desacuerdo, aunque sin explicaciones. La decisión representa una victoria parcial para la administración Trump, que recurrió para evitar cumplir la orden de Cooper. No obstante, el fallo no impide que CREW solicite testimonios sobre la estructura del DOGE.

Entre recomendaciones y órdenes

El Gobierno argumenta que el DOGE solo «hace sugerencias» a las agencias, pero el juez Cooper había señalado indicios de que sus recomendaciones se aprobaban sin cambios, actuando como directivas. El conflicto central sigue siendo si el DOGE debe someterse a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Un debate con raíces en la transparencia

El DOGE, creado durante la presidencia de Trump, ha operado en un limbo legal: ¿es un organismo federal sujeto a FOIA o un cuerpo asesor presidencial exento? Casos previos han enfrentado a grupos de vigilancia con el Ejecutivo por el acceso a documentos sensibles.

La puerta no está cerrada del todo

El fallo refuerza los límites a la injerencia judicial en comunicaciones del Ejecutivo, pero deja abierta la vía para investigar el alcance real del DOGE. La resolución final sobre su estatus jurídico aún pendiente marcará el futuro de su transparencia.