Senadora pide investigar a magistrados del TCP por caso ‘consorcio’
Silvia Salame presentó un proyecto para investigar a cinco magistrados del TCP por su presunta participación en un escándalo judicial. El caso involucra a exautoridades y revive debates sobre la independencia del Tribunal Constitucional.
Senadora pide investigar a magistrados del TCP por caso ‘consorcio’
Silvia Salame presentó un proyecto para ampliar la investigación a cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional. El escándalo involucra a exautoridades gubernamentales y judiciales desde el 10 de junio. Ningún implicado está en prisión, según datos oficiales.
«La mayoría del Pleno del TCP estaría comprometida»
La senadora Salame solicitó al Ministerio Público que investigue a Gonzalo Hurtado, Karem Gallardo, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y René Espada, magistrados del TCP, por su «presunta participación» en el caso. El documento señala que su voto habría sido clave para confirmar una resolución cuestionada, según declaraciones del exministro César Siles.
Implicados y situación actual
El caso también involucra al exministro Siles, al magistrado suplente Iván Campero (TCP) y a exautoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. A un mes del escándalo, todos los acusados están en detención domiciliaria u hospitalaria, según confirmó el medio.
Una trama con raíces en pugnas de poder
El exministro Javier Zabaleta afirmó que el caso surgió por «una pugna dentro del propio Gobierno», donde un grupo intentó beneficiarse ilegalmente y fue denunciado por otro. Las grabaciones filtradas detonaron la investigación el 10 de junio.
Un TCP bajo sospecha
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta cuestionamientos recurrentes por su independencia. Este caso revive debates sobre la influencia política en decisiones judiciales, especialmente tras las acusaciones de coordinación entre exfuncionarios y magistrados.
La pelota está en el Senado
El pleno cameral podría tratar la resolución esta semana. De aprobarse, el Ministerio Público deberá ampliar la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los magistrados autoprorrogados.