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Gobierno rechaza avasallamientos y exige legalidad en dotación de tierras

El ministro Yamil Flores advierte que invasiones violentas no otorgan derechos sobre tierras y promete acciones legales tras incidente en Santa Rita.

Gobierno rechaza avasallamientos y exige legalidad en dotación de tierras

Gobierno advierte que avasallamientos no dan derecho a dotación de tierras

El ministro Flores rechazó las invasiones violentas en Santa Cruz. La declaración se produce tras un ataque armado en el predio Santa Rita, donde un trabajador resultó herido. Autoridades insisten en que la distribución de tierras debe ser legal y transparente.

«La tierra no se obtiene con violencia»

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, afirmó que los avasallamientos «no otorgan ningún derecho sobre la propiedad». «Se distribuye con justicia social, sin atropellar derechos», enfatizó. La advertencia surge tras una incursión armada en Guarayos, donde grupos irregulares invadieron tierras en proceso de saneamiento.

Incidente en Santa Rita

El predio Santa Rita, ubicado en una reserva forestal sin saneamiento concluido, fue escenario de un enfrentamiento que dejó un herido de bala. Productores denuncian que los invasores actúan con impunidad y exigen mayor presencia policial. Flores prometió colaborar con el Ministerio Público para sancionar a los responsables.

Críticas y medidas pendientes

Mientras sectores agropecuarios acusan complicidad gubernamental, el ministro pidió apurar un crédito de $us 40 millones para regularizar predios no titulados. La Cámara Agropecuaria reclama seguridad en el trópico, donde los avasallamientos afectan la producción.

Un problema arraigado

Bolivia enfrenta conflictos por tierras desde hace décadas, con tensiones entre propiedad privada, derechos indígenas y reservas forestales. El INRA confirmó que Santa Rita carece de título definitivo, lo que agrava las disputas.

Seguridad jurídica en juego

El Gobierno busca frenar las invasiones ilegales mientras avanza en procesos de titulación. La eficacia de las medidas dependerá de la coordinación con fuerzas de seguridad y la aprobación de fondos para regularizar tierras.

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