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Incumplimiento judicial impide juicio contra Camacho

El juicio oral contra Luis Fernando Camacho se suspendió por decimoquinta vez debido al incumplimiento del traslado desde el penal de Chonchocoro. Las autoridades alegan falta de condiciones logísticas.

Incumplimiento judicial impide juicio contra Camacho

Incumplimiento judicial impide juicio contra Camacho por decimoquinta vez

El traslado frustrado del gobernador desde La Paz a Santa Cruz paraliza el caso Decreto 373. Las autoridades penitenciarias alegaron falta de condiciones logísticas. El Tribunal insiste en que la audiencia debe ser presencial, mientras el defensor denuncia negligencia.

«No se puede violar una orden judicial»

El juicio oral contra Luis Fernando Camacho, programado para este viernes, se suspendió tras incumplirse por decimoquinta vez el traslado desde el penal de Chonchocoro (La Paz). Su abogado, Martín Camacho, afirmó que «la audiencia no puede ser virtual, como pretende el Gobierno», y acusó a las autoridades de desobedecer el mandato del Tribunal.

Versiones enfrentadas

Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, justificó la medida alegando «falta de condiciones materiales y físicas» para el traslado. Sin embargo, el Tribunal mantiene que el acto procesal debe realizarse de manera presencial en Santa Cruz, tal como establece la resolución judicial.

Justicia bajo sospecha

El caso reaviva el debate sobre la eficacia del sistema judicial boliviano. La reiterada imposibilidad de trasladar a Camacho genera dudas sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales y retrasa un proceso que acumula múltiples postergaciones.

Un caso que no arranca

El Decreto 373, que involucra al gobernador cruceño, es uno de varios procesos legales que enfrenta. Las tensiones políticas y las dificultades logísticas han marcado su tramitación desde el inicio, reflejando las complejidades del sistema judicial en casos de alta relevancia pública.

Otra oportunidad pendiente

El Tribunal fijó una nueva fecha para el juicio, que deberá ser presencial. La situación pone a prueba la capacidad de coordinación entre instituciones y la garantía de derechos procesales, en un caso que sigue en el centro de la atención nacional.

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