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Gobierno niega ingreso de arroz contaminado a almacenes estatales

Insumos Bolivia no puede vender 700 toneladas de arroz por contaminación con heces y orina de ratón. Ministro afirma que el lote nunca ingresó a almacenes y se investiga falsificación de certificados.

Imagen referencial Información de autor no disponible / ANF
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Gobierno niega ingreso de arroz contaminado a almacenes estatales

Insumos Bolivia no puede vender 700 toneladas por presencia de heces y orina de ratón. Ministro afirma que el lote problemático nunca fue recibido, mientras se investiga posible falsificación de certificados sanitarios. Conflicto judicial por un adelanto de Bs 63 millones.

«El arroz no cumple con los estándares de calidad»

La directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, reveló que 700 toneladas de arroz adquiridas en Argentina no son comercializables debido a contaminación con «eses y orina de ratón». Un decomiso previo de 27 toneladas ya había alertado sobre fallas en la inocuidad alimentaria.

Postura ministerial

El ministro Yamil Flores contradijo parcialmente estas declaraciones, asegurando que «el arroz de mala calidad nunca ingresó a los almacenes». Mencionó que el caso está en tribunales y existe posibilidad de recuperar el adelanto de Bs 63 millones pagado a la proveedora Agropecuaria Centurión S.A.

Contrato bajo la lupa

El acuerdo por 13.800 toneladas de arroz argentino (Bs 145,5 millones) enfrenta obstáculos legales. Una orden judicial impide cobrar la garantía, mientras se investigan irregularidades en los certificados sanitarios. El Ministerio de Desarrollo Productivo deberá pronunciarse, al ser Insumos Bolivia dependiente de esta cartera.

Un negocio que se pudre

La compra de alimentos estratégicos ha sido prioridad gubernamental desde 2020, pero este caso expone fallas en controles de calidad. En 2023, Bolivia importó el 40% del arroz consumido, según datos oficiales, lo que aumenta la presión por garantizar suministros seguros.

El conflicto sigue en los tribunales

La resolución del caso dependerá de la investigación judicial sobre los certificados y la ejecución de garantías. Mientras, las 700 toneladas siguen retenidas, sin destino comercial posible por el riesgo sanitario.

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