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TSE advierte sanciones por obstaculizar elecciones

El Tribunal Supremo Electoral alerta sobre penas de hasta cinco años de cárcel por interferir en los comicios del 17 de agosto, con agravantes para funcionarios públicos.

Las maletas electorales fueron enviadas hasta este sábado a los recintos electorales del país. AFP / Información de la fuente de la imagen no disponible
Las maletas electorales fueron enviadas hasta este sábado a los recintos electorales del país. AFP / Información de la fuente de la imagen no disponible

TSE advierte que obstaculizar elecciones puede acarrear hasta cinco años de cárcel

El vocal Tahuichi Tahuichi alertó sobre sanciones penales por interferir en los comicios. La advertencia se emite horas antes de las votaciones generales del 17 de agosto, donde se elegirán autoridades nacionales. Funcionarios públicos enfrentarían penas más graves.

«Interferir en las elecciones es un delito con consecuencias claras»

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, detalló que la obstaculización del proceso electoral está tipificada como delito, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión. «Si los infractores son funcionarios públicos, se aplica un agravante», subrayó. Los tribunales departamentales y el Ministerio Público actuarán de inmediato ante denuncias.

Zonas de riesgo y protocolos

Consultado sobre áreas potencialmente conflictivas, Tahuichi aseguró que el TSE trabaja «en un plano administrativo conforme a la planificación», pero recalcó que cualquier irregularidad será denunciada. Las mesas electorales operarán desde las 8:00 durante ocho horas o hasta atender al último votante en fila.

Un proceso bajo lupa

Las elecciones generales de 2025 definirán al Presidente, Vicepresidente y legisladores nacionales para el próximo quinquenio. El envío de maletas electorales a los recintos concluyó este sábado, en un contexto donde el TSE ha reforzado advertencias sobre prácticas ilegales, como fotografiar el voto.

Transparencia y castigo

El mensaje del TSE busca garantizar la normalidad del proceso, con mecanismos legales para sancionar alteraciones. La ciudadanía participa bajo reglas estrictas, como la prohibición de ingresar celulares a los recintos para proteger el secreto del voto.

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