Viceministra califica de política la medida del TSJ sobre detención

Carola Arraya cuestiona que el instructivo solo beneficie a tres líderes políticos. La decisión judicial ordena revisar los plazos de detención preventiva de Camacho, Pumari y Añez. La Defensoría del Pueblo corrobora que el 58.2% de los reclusos están en la misma situación.

Una decisión que no es universal

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó que el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una «medida política» tomada después de las elecciones. Arraya subrayó que la orden solo beneficia a tres personas que representan un movimiento político, en lugar de aplicarse a toda la población carcelaria, donde más del 60% de los reclusos se encuentran con detención preventiva.

Indignación en las cárceles

El representante de los privados de libertad de Villa Busch de Pando, Edwin Paz, expresó su indignación. Paz consideró que el TSJ se «parcializó» con los tres líderes políticos y afirmó que «la justicia no está tratando a todos por igual». Esta declaración refleja la repercusión directa en los ciudadanos privados de libertad, quienes perciben un trato desigual.

Un sistema carcelario colapsado

El contexto muestra un sistema penitenciario con una sobrepoblación de detenidos preventivos. Tanto la viceministra Arraya como la Defensoría del Pueblo proporcionaron datos que confirman esta situación estructural, donde la mayoría de los reclusos espera sentencia en las mismas condiciones que los tres políticos mencionados.

La justicia bajo la lupa

La medida del TSJ ha puesto el foco en la aplicación selectiva de la justicia. Las críticas de actores oficialistas y de representantes de reclusos coinciden en señalar una falta de universalidad en la decisión, lo que podría afectar la percepción de equidad del sistema judicial boliviano.