Defensoría supervisa revisión de casos de presos en Bolivia
La Defensoría del Pueblo controlará la aplicación de instructivos del Consejo de la Magistratura y TSJ para agilizar procesos y reducir la población carcelaria, donde el 58,2% son preventivos sin sentencia firme.
Defensoría del Pueblo supervisará revisión de casos de presos
La institución controlará el cumplimiento de los instructivos del CM y el TSJ. El defensor Pedro Callisaya anunció este lunes el seguimiento para agilizar procesos y reducir la población carcelaria. La medida se da tras críticas por presunto favoritismo en casos de alto perfil.
Un seguimiento activo para garantizar derechos
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció este lunes que se dará seguimiento a las determinaciones asumidas por el Consejo de la Magistratura (CM) de revisar las sentencias y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los que excedieron la detención preventiva. «Vamos a controlar la aplicación de esos instructivos», afirmó a ERBOL, destacando la seriedad del compromiso ante la población y las personas privadas de libertad.
El mecanismo de supervisión
La Defensoría del Pueblo emitió notas oficiales ante el CM y el TSJ indicando que podría coadyuvar en el cumplimiento de las decisiones asumidas en pasadas horas, ejerciendo así su rol de control.
La abrumadora realidad carcelaria
Callisaya proporcionó datos concretos que justifican la urgencia de la medida: la población carcelaria se duplicó de 17.305 personas en 2020 a 33.058 en junio de 2025. El dato más relevante es que el 58,2% son detenidos preventivos, es decir, personas que aún no tienen sentencia firme.
Una agenda alejada de la política
El Defensor ratificó el carácter técnico e independiente de la institución, asegurando que la Defensoría del Pueblo no tiene una agenda político-partidaria. Su labor, insistió, está relacionada exclusivamente con la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, sin distinción de gobierno o escenario político.
Un sistema presionado hasta el límite
El contexto que rodea esta decisión es una crisis carcelaria profunda, marcada por el crecimiento exponencial de la población penitenciaria en un quinquenio. El hecho de que la mayoría de los reclusos sean preventivos evidencia una grave congestión procesal y demoras en la administración de justicia, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los detenidos.
Un compromiso de vigilancia continua
La eficacia de la revisión de casos dependerá de la supervisión constante para asegurar que los instructivos del CM y el TSJ se apliquen de manera efectiva y transparente. La Defensoría se posiciona como un garante para que esta medida no quede en declaraciones y se traduzca en una reducción real de la población carcelaria preventiva.