Exiliados destacan cambios en la justicia boliviana y esperan retornar

Dos exministros en el exilio observan una rectificación en el Poder Judicial. Resaltan las recientes decisiones en casos de alta relevancia política y esperan que se generen condiciones para un debido proceso que permita el fin del exilio.

Una justicia bajo nueva luz

Hugo Carvajal y Guido Añez, exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se encuentran exiliados en Madrid y Estados Unidos, respectivamente. Destacaron el accionar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la revisión de los procesos de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exdirigente cívico Marco Pumari.

La esperanza de un retorno

Hugo Carvajal afirmó que «en la medida que existan jueces probos y no dependientes (…) podrán haber condiciones para un debido proceso». Añorando su tierra, Yacuiba, espera que esto permita el retorno de todos los exiliados. Por su parte, Guido Añez se mostró sorprendido «gratamente por la firmeza» del presidente del TSJ, Romer Saucedo, para hacer prevalecer la ley.

Un nuevo rumbo para el Poder Judicial

David Maygua publicó que Carvajal considera esto «el primer paso importante de un ineludible camino para reformar el Poder Judicial». El exministro enfatizó en la necesidad de «acabar con la abusiva práctica de la detención preventiva» que, a su criterio, viola la presunción de inocencia.

Un pasado de exilio político

Los dos exministros formaron parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y se vieron obligados a abandonar Bolivia, sumándose a una lista de exiliados políticos. Sus declaraciones se enmarcan en un contexto donde esperan que la rectificación judicial signifique el fin de la persecución y el exilio para muchas personas.

El camino hacia la libertad

Las implicaciones de este aparente cambio en el TSJ son directas para los ciudadanos procesados y para los exiliados, que ven una posibilidad de retorno. La repercusión se centra en la expectativa de construir un sistema judicial más equitativo y en la anulación de la detención preventiva como práctica común, lo que afectaría directamente a los procesados en futuros casos.