Acusados del caso FMI rechazan ilegalidad del juicio por crédito

Nueve exfuncionarios enfrentan un proceso judicial por la gestión de una asistencia financiera de 327 millones de dólares del FMI durante la pandemia. La defensa alega que el procedimiento es ilegal y que ya fue investigado y descartado con anterioridad.

Un juicio bajo cuestionamiento

La defensa de los nueve acusados rechaza la ilegalidad en la que se desarrolla el juicio en su contra y exige evitar una sentencia basada en argumentos equivocados. Afirman que existe un doble juzgamiento, ya que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Lanchipa, ya investigó el hecho y descartó la denuncia.

Los actores principales

Entre los imputados se encuentran el exministro de Economía, José Luis Parada, el expresidente del BCB Guillermo Aponte (declarado rebelde), y varios exdirectores del ente emisor. La denuncia original también incluía a la expresidenta Jeanine Áñez, pero luego ella no fue imputada.

La disputa legal y financiera

El gobierno del presidente Luis Arce denuncia que la operación fue un préstamo irregular y oneroso que generó costos millonarios al Estado y que, al no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, habría incumplido la Constitución. En contraparte, la defensa argumenta que no fue la contratación de un préstamo en sentido jurídico ni técnico, sino un intercambio financiero sujeto a una obligación de recompra, por lo que no requería aprobación legislativa.

Un contexto de emergencia sanitaria

Los hechos se remontan a 2020, cuando Bolivia tramitó una asistencia financiera por 327 millones de dólares ante el FMI para enfrentar la pandemia del Covid-19. Según la diputada opositora María José Salazar, el gobierno de Arce prefirió devolver esos fondos por temas políticos antes que atender la salud de los bolivianos.

Un proceso con repercusiones políticas

El desarrollo de este juicio se enmarca en un escenario político complejo, con acusaciones cruzadas sobre el manejo de fondos durante la crisis sanitaria. Su resultado definirá responsabilidades sobre una operación financiera crítica para el país durante la pandemia.