Concejo cruceño suspende sesión tras intento de elección irregular

C-A denuncia que UCS y MAS intentaron elegir una directiva ilegal. El hecho ocurrió tras la suspensión de la sesión del Concejo Municipal de Santa Cruz, destinada a tratar el POA 2026. La tensión derivó en insultos y una posesión cuestionada.

Un intento de cambio forzado

La bancada de Comunidad Autonómica (C-A) acusó a Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y al Movimiento Al Socialismo (MAS) de intentar dar «un golpe al Legislativo Municipal». Según su comunicado, se pretendía elegir una directiva «de forma arbitraria, ilegal y violenta», incluso poniendo en riesgo la integridad de los presentes. Tras la retirada de C-A, concejales de UCS y MAS, valiéndose de la mayoría de votos que tienen, procedieron a nombrar a Gabriela Garzón como nueva presidenta.

Repercusión para el ciudadano

La paralización del Concejo impide el tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto para 2026, información que debe ser remitida al Ministerio de Economía antes del 8 de septiembre. Esta situación afecta directamente la planificación y ejecución de obras y servicios municipales para el próximo año.

Una sesión marcada por la tensión

La sesión, que inició con retraso, se suspendió al no encontrarse un acuerdo. El presidente interino, José Antonio Alberti, suspendió la sesión, lo que desató gritos, insultos y amagues de enfrentamiento entre concejales. El orden del día tenía un único punto: el tratamiento del POA, pero la bancada de UCS exigió desde el inicio que se procediera a la elección de los cargos vacantes en la directiva.

Raíces de la confrontación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó un proceso de transfugio presentado por UCS contra dos exconcejales, lo que dejó acéfalas la presidencia y secretaría del Concejo. El pedido de UCS apunta a ocupar esos cargos y retomar el control de un Legislativo que durante el último año cuestionó constantemente las acciones del ejecutivo municipal.

La legitimidad en entredicho

El comunicado de C-A ratifica a José Antonio Alberti como «presidente electo, legítimo y en ejercicio». El desarrollo de los acontecimientos muestra una profunda división en el Concejo, cuya resolución definirá la gobernabilidad de la institución y su capacidad para cumplir con sus funciones legislativas y fiscales en los plazos establecidos.