Concejal Garzón anuncia toma de oficinas en Concejo cruceño

La concejala de UCS afirma que ocuparán la presidencia y secretaría. El anuncio se produce tras los incidentes del lunes en el legislativo municipal. Garzón y su colega Fernández insisten en que el reglamento los avala.

Una decisión basada en el reglamento

La concejala Gabriela Garzón, presidente del Concejo reconocida por la Alcaldía, manifestó que «vamos a tomar posesión de la oficina 1 y 2 que es lo que corresponde». Aunque no especificó la fecha, justificó la acción en lo que indica el reglamento del ente legislativo municipal.

Fundamento legal

El concejal Miguel Fernández, también de UCS, argumentó que hay que darle legalidad a la institucionalidad en el Concejo completando los cargos acéfalos. Citó los artículos 27, 30, 31, 32 y 102 del reglamento, que ratifican que la conformación de la directiva debe incluir presidencia, vicepresidencia y secretaría.

Incidentes y acusaciones

La toma de posesión no pudo realizarse el lunes como estaba previsto debido a una vigilia. Garzón calificó los hechos de ese día como «actos violentos», afirmando que los participantes «han querido confrontarnos entre cruceños» y que patearon puertas y agredieron a concejales del MAS.

Advertencias sobre la inacción

Fernández advirtió sobre las consecuencias legales de no regularizar la situación, señalando que podrían ser sujetos a procesos en la Contraloría, Procuraduría o Ministerio Público por las aprobaciones que realice el Concejo en su estado actual.

Un conflicto que se arrastra

El texto describe un conflicto en la directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con cargos que se encuentran acéfalos. La bancada de UCS, reconocida por la Alcaldía, busca asumir el control de la presidencia y secretaría, citando el reglamento interno, mientras enfrenta la oposición de otros grupos.

La tensión continúa en el Concejo

La situación mantiene en vilo la normal operación del legislativo municipal, con una sesión convocada para el martes 9 de septiembre. La resolución de este conflicto institucional es crucial para la legalidad de las futuras decisiones y regulaciones del Concejo.