Conflicto territorial de Piso Firme entre Santa Cruz y Beni
Autoridades de San Ignacio de Velasco inician acciones legales contra el INE por incluir a la comunidad chiquitana de Piso Firme dentro de Baures, Beni, en el Censo 2024, contradiciendo su pertenencia histórica a Santa Cruz.
Diputada y concejala coordinan defensa territorial de Piso Firme
El INE incluyó a la comunidad chiquitana dentro del municipio beniano de Baures en los resultados del Censo 2024, contradiciendo su pertenencia histórica a San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Autoridades locales inician acciones legales y piden una reunión con el gobernador Camacho.
Una comunidad en disputa
La diputada María René Álvarez se reunió con la presidenta interina del Concejo de San Ignacio de Velasco, Natasha Castedo, para coordinar acciones de defensa. Existe un proceso de delimitación territorial pendiente y compromisos previos asumidos para evitar esta situación, que no han sido cumplidos por parte del Gobierno, explicó la legisladora.
Acciones inmediatas
Álvarez anunció que se realizarán peticiones conjuntas ante el INE mediante el Ministerio de Planificación para solicitar explicaciones. Asimismo, se pedirá una reunión con el gobernador Luis Fernando Camacho, ya que esa entidad territorial es la que tiene plena potestad para asumir la defensa territorial del departamento.
Recurso a instancias superiores
Por su parte, la concejal Castedo adelantó que se tomarán todas las acciones necesarias, desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz hasta el Tribunal Supremo de Justicia, para hacer respetar el criterio de pertenencia de los 634 comunarios de Piso Firme.
Un conflicto de delimitación pendiente
El conflicto surge porque el INE publicó los resultados del Censo 2024 incluyendo a Piso Firme dentro de Baures, Beni. Esto contradice acuerdos previos firmados con el propio INE y el Viceministerio de Autonomías, y el hecho de que la comunidad votó en las elecciones de agosto como parte de Santa Cruz.
La defensa de un territorio
La eficacia de las acciones dependerá de la coordinación entre las autoridades departamentales y municipales, y de la respuesta del Gobierno central e instancias judiciales. El resultado definirá la adscripción territorial de la comunidad y sentará un precedente para casos similares de delimitación pendiente en el país.