Concejo Municipal de Santa Cruz inicia sesión con solo seis concejales

La nueva presidenta Gabriela Garzón y su bancada no asistieron a la sesión. La ausencia de los concejales de UCS y MAS impide el quórum completo. La sesión procedió con los seis ediles presentes, en un clima de tensión política.

Una sesión marcada por las ausencias

El concejal José Antonio Alberti convocó a dos sesiones este martes 9 de septiembre. Sin embargo, los concejales de UCS y del MAS, incluida Gabriela Garzón, no asistieron. A la convocatoria solo confirmaron asistencia la bancada de Comunidad Autonómica (C-A), el concejal Manuel Saavedra (Demócratas) y el concejal suplente Rolando Pacheco (MAS). Con seis concejales presentes, la sesión dio inicio a las 08:40.

Repercusión para la institución

La ausencia de la mayoría de los concejales evidencia la fractura interna. La nueva directiva no es reconocida por los concejales de oposición (C-A y Demócratas), quienes califican la elección de “ilegal” y de intento de “golpe” al órgano legislativo.

El origen de la polarización

La tensión se desata tras la elección de Gabriela Garzón (UCS) como presidenta del Concejo Municipal el pasado viernes 5 de septiembre. La votación estuvo marcada por gritos, acusaciones de “ilegalidad” e incidentes. Su elección contó con el respaldo de la bancada de UCS y dos concejales del MAS.

Actores y sus acusaciones

Los concejales de oposición señalan que el alcalde Jhonny Fernández busca, ‘con esta movida política’, la aprobación de Bs 600 millones para obras. El encuentro se desarrolla en un ambiente de tensión, no solo entre los concejales, sino también entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal.

Un clima de desacuerdo institucional

El contexto inmediato es la reciente elección de una nueva directiva para el Concejo Municipal, un proceso que ha sido fuertemente cuestionado y que ha generado una profunda división entre las bancadas oficialistas y de oposición, paralizando parcialmente el trabajo legislativo.

La gobernabilidad pendiente de un acuerdo

La capacidad del Concejo para funcionar con normalidad queda supeditada a la resolución del conflicto por la legitimidad de su directiva. La situación actual bloquea la aprobación de proyectos y presupuestos, afectando la gestión municipal.