Exministro José Luis Parada es condenado a ocho años de cárcel por caso FMI

Un tribunal de La Paz lo halló culpable de gestionar un préstamo sin autorización legislativa. La defensa alega que el proceso es improcedente y que existían normas que avalaban la operación. El caso se enmarca en la contratación de un crédito durante el gobierno de Jeanine Añez.

Una sentencia con múltiples aristas

El Tribunal de Sentencia Penal 6º de La Paz condenó al exministro de Economía, José Luis Parada, a ocho años de cárcel. La sentencia lo declara culpable de haber gestionado en 2020 un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 324 millones de dólares sin la autorización de la Asamblea Legislativa, destinado a atender la emergencia del covid-19.

Los argumentos de la acusación y la defensa

La Procuraduría General del Estado sostiene que la contratación del préstamo se hizo “de forma irregular”. Sin embargo, la defensa del exministro alega que el juicio “no tiene base jurídica para llevarse a cabo”, amparándose en que el fuero correcto para exautoridades es el juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. Además, afirma que existían dos leyes, la 1267 y la 1293, que habilitaban legalmente dicha operación.

La polémica de la devolución anticipada

La defensa insiste en que el eventual daño económico no se originó en la contratación del crédito, sino en la devolución anticipada ejecutada por el gobierno de Luis Arce en febrero de 2021. Según cálculos oficiales, esa decisión ocasionó un perjuicio de 24 millones de dólares, mientras que mantener el cronograma original de pagos hasta 2025 habría generado un ahorro.

Un clima de tensión institucional

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del BCB, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría. El Colegio de Economistas de Santa Cruz emitió un comunicado señalando que el caso revela una “intromisión política en decisiones de carácter técnico” y que el proceso ha sido “dilatorio e injusto”, denunciando la vulneración del debido proceso.

Un préstamo en tiempos de pandemia

En abril de 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, Bolivia suscribió con el FMI un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19. La legalidad de esta operación, realizada bajo el amparo de leyes presupuestarias y de emergencia, es el centro del debate judicial que ha culminado con esta condena.

Las repercusiones quedan sobre la mesa

La sentencia sienta un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de deuda pública. El caso evidencia un profundo desacuerdo entre instituciones del Estado respecto a los procedimientos legales y técnicos, dejando en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en matters de política económica.