Argentina detecta 2.000 electores bolivianos con residencia irregular
Investigación judicial revela padrón electoral inflado en municipio fronterizo con Bolivia, donde votantes superan en 57,2% a la población censada.
Argentina detecta 2.000 electores bolivianos con residencia irregular
Un padrón electoral inflado en un municipio fronterizo. La investigación judicial revela que el número de votantes supera en un 57,2% a la población censada. La medida busca depurar los registros y evitar el acceso irregular a planes sociales.
Una discrepancia en los números
En el municipio argentino de Aguas Blancas, fronterizo con Bolivia, existen 5.736 electores habilitados para sufragar, a pesar de que el Censo 2022 registra solo 3.648 habitantes. Una investigación de la Unidad Fiscal Federal de Salta detectó que alrededor de 2.000 de esos electores son bolivianos que no residen en dicha localidad.
El mecanismo de control
La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras de Argentina, Virginia Cornejo, afirmó que se cotejaron datos de la Secretaría Electoral, el RENAPER y el INDEC, y se realizó un relevamiento de viviendas. “El que no viva en el lugar se le dará de baja”, advirtió, asegurando que así no podrán entrar a votar ni acceder a beneficios económicos.
Impacto para el ciudadano y reacciones
Quienes están registrados de forma irregular acceden a planes sociales argentinos, como seguridad alimentaria, primera infancia y protección social. El interventor municipal, Adrián Zigaran, aseveró que “son documentos nacionales de identidad (DNI) mal otorgados” y que el caso está en manos de la Justicia Federal. La investigación comenzó tras una denuncia del apoderado de la alianza ‘Juntos por el Cambio’.
Un problema en la frontera
El contexto muestra una práctica recurrente en municipios fronterizos, donde se empadronaba a personas ofreciéndoles beneficios económicos, lo que resultaba en padrones electorales inflados artificialmente en comparación con los datos censales oficiales.
Depuración de los padrones electorales
El proceso de verificación y baja de electores irregulares busca restablecer la legitimidad del padrón electoral y asegurar que los programas sociales lleguen únicamente a los residentes legítimos de cada municipio.