CIDH y ONU advierten riesgo de impunidad en casos Sacaba y Senkata

Organismos internacionales alertan sobre el retroceso en la búsqueda de justicia. La advertencia surge tras fallos judiciales que anularon los procesos contra policías y militares sindicados por las masacres de 2019.

Una grave preocupación internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba. Estos tribunales declararon la nulidad de los procesos contra los agentes estatales sindicados. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas.

Las decisiones judiciales

El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Esta preocupación se acentúa tras la decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz del 9 de septiembre de 2025, que ratificó lo establecido en la resolución anterior para el caso Senkata.

Repercusión para las víctimas

Entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia ya habían expresado su preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna.

El largo camino de las investigaciones

Los hechos se remontan a 2019, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), a solicitud del Estado, investigó los sucesos. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares. El GIEI concluyó que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz». Un informe de ONU Derechos Humanos de 2020 también identificó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales.

Un llamado a las instituciones bolivianas

La CIDH y ONU Derechos Humanos instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos. Además, pidieron que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad y que se adopten las medidas necesarias para remediar la situación, cumpliendo con las recomendaciones de los organismos internacionales.

Justicia pendiente

La eficacia de la respuesta del sistema judicial boliviano ante estas advertencias internacionales determinará si se garantiza el derecho a la justicia para las víctimas o si, por el contrario, prevalece la impunidad para los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en 2019.