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Inspectoras Hacienda ratifican facturas falsas pareja Ayuso

Las inspectoras de Hacienda confirmaron en el juzgado el uso de facturas falsas por 1,52 millones de euros para reducir el pago de impuestos en el caso de Alberto González Amador.

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Inspectoras de Hacienda ratifican facturas falsas de pareja de Ayuso

350.000 euros de fraude fiscal en 2020 y 2021. Las técnicos confirmaron en el juzgado el uso de documentos falsos para reducir el pago de impuestos.

Ratificación del informe fiscal

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda ratificaron su informe de 187 páginas el pasado 21 de marzo. Confirmaron que Alberto González Amador utilizó facturas falsas para ocultar beneficios. La investigación se inició por una discrepancia entre el aumento de ingresos y la bajada de tributación.

El origen: el ‘pelotazo’ de las mascarillas

La investigación comenzó tras un incremento de ingresos de 2,33 millones en 2020. Este dinero provenía de una comisión por la venta de mascarillas durante la pandemia. Las inspectoras detectaron que, pese a este aumento, el pago a Hacienda no se incrementó.

Facturas falsas en el extranjero

La investigación descubrió facturas por 1,52 millones de euros por servicios en México y Costa de Marfil que nunca se prestaron. Las autoridades mexicanas confirmaron la inexistencia del trabajo facturado. González Amador intentó anular una factura después de ser descubierto por Hacienda.

Otras facturas y repercusiones

Se detectaron 17 facturas falsas emitidas por seis empresas sin actividad real, domiciliadas en casas de particulares. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel. La acusación popular eleva la petición a cinco años.

Antecedentes de la investigación

El procedimiento inspector duró 19 meses y derivó en una causa judicial por dos delitos fiscales. El caso superó el umbral de los 120.000 euros de fraude por ejercicio, lo que constituye delito.

Implicaciones del caso

El procedimiento es el germen de la causa que ha llevado al banquillo al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de un correo de la defensa.

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