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Dirigente de El Alto exige eliminar requisito de vacuna para cobrar bono escolar

Gregorio Gómez, presidente del Control Social del Comité Cívico de El Alto, exige al Ministerio de Educación eliminar el carnet de vacunación contra el sarampión como requisito para cobrar el Bono Juancito Pinto. Advierte con movilizaciones si no se retracta.

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Imagen sin título / ABI / ANF

Dirigente de El Alto exige eliminar requisito de vacuna para bono escolar

Gregorio Gómez, presidente del Control Social del Comité Cívico de El Alto, exigió al ministro de Educación, Omar Véliz, eliminar la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión como requisito para cobrar el Bono Juancito Pinto.

Conflicto por requisito sanitario

El ministro Véliz anunció que el pago del bono de Bs 200 comenzará el 13 de octubre, pero condicionó el cobro a la presentación del carnet de vacuna. La medida se basa en recomendaciones del Consejo Nacional de Emergencia Sanitaria debido a la epidemia de sarampión.

Posible movilización social

Gómez advirtió que el ministro «tiene días contados» para retractarse, y que de no hacerlo, «vamos a cerrar las calles». Acusó al Gobierno de buscar «convulsión» con esta medida.

Fundamento legal de la protesta

El dirigente alega que la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria establece que la inmunización es voluntaria. Además, señaló que durante la campaña de vacunación, los adolescentes entre 14 y 17 años no podían recibir la dosis porque se priorizó a niños menores.

Acusaciones sobre motivos reales

Según Gómez, el Gobierno impuso el requisito porque no tendría dinero para pagar el bono, calculando que entre el 80% y 90% de los estudiantes no recibió la vacuna contra el sarampión.

Antecedente del beneficio

El Bono Juancito Pinto es un beneficio de Bs 200 dirigido a estudiantes de primaria y secundaria. Su pago estaba programado para iniciar la semana siguiente al anuncio ministerial.

Confrontación institucional

La exigencia se realizó en Plaza Murillo, frente a sede de gobierno, marcando una confrontación directa entre el Comité Cívico de El Alto y el Ministerio de Educación. El conflicto combina aspectos sanitarios, legales y sociales alrededor de un programa de subsidio estudiantil.

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