Gobierno boliviano pide transparencia en caso YPFB y advierte sobre uso político
El Gobierno boliviano cuestiona la orden de aprehensión contra el presidente de YPFB por carecer de sustento técnico. La ministra Prada solicita una investigación sin shows políticos, destacando que las exportaciones de gas cuentan con respaldo legal y contratos internacionales vigentes.
Gobierno pide transparencia en caso YPFB por orden de aprehensión
La orden de aprehensión contra el presidente de YPFB carece de sustento técnico según el Gobierno. La ministra Prada solicita que la investigación avance sin shows políticos durante la crisis de combustibles.
Cuestionamiento a la investigación
La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, señaló que el proceso no debe prestarse a interpretaciones políticas en un momento delicado para la democracia y economía. La denuncia por presunto contrabando agravado se presentó en Tarija contra Armin Dorgathen.
Fundamento legal de las exportaciones
La exportación de gas natural a Argentina y Brasil está amparada por el Decreto Supremo 28.174 de 2005 y por contratos internacionales. YPFB facturó 14,4 millones de dólares depositados en el Banco Central de Bolivia.
Irregularidades en la denuncia
La Aduana Nacional y YPFB negaron haber presentado la denuncia. Dos exfuncionarios destituidos utilizaron documentación oficial sin autorización, según la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo.
Postura de organismos reguladores
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que YPFB no necesita autorización adicional para exportar gas con contratos vigentes. El gerente de YPFB, Óscar Claros, destacó que la operación tuvo supervisión de Aduana y ANH.
Antecedentes del caso
La Fiscalía de Tarija admitió la denuncia el 6 de octubre por una operación de exportación de gas del 13 de junio de 2025. El fiscal general Róger Mariaca mantiene vigente la orden de aprehensión.
Consecuencias para la estabilidad nacional
El Gobierno busca evitar que el proceso judicial aumente la incertidumbre durante la crisis de combustibles. Las autoridades confían en aclarar el caso en días y demostrar la legalidad de la exportación.