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El aborto reaviva la tensión política en España entre el Gobierno y la oposición

El Gobierno requiere a comunidades autónomas la creación del registro de médicos objetores de conciencia en aborto, exigido por la ley de 2023. Comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, se oponen a su implementación.

Una clínica en Madrid autorizada para realizar abortos.
Una clínica en Madrid autorizada para realizar abortos. / Cézaro De Luca / Clarín

Gobierno español impulsa registro de objetores de aborto en comunidades

La ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2023 exige la creación de un registro de médicos objetores. El gobierno de Pedro Sánchez ha requerido su implementación a varias comunidades autónomas.

Enfrentamiento por objeción de conciencia

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó crear el registro afirmando: “No se va a señalar a ningún médico”. El presidente Sánchez envió requerimientos formales a comunidades gobernadas por el PP.

Polémica por síndrome no reconocido

El ayuntamiento de Madrid aprobó informar sobre un “síndrome post aborto”. La SEC aclaró que “no existe evidencia científica que respalde dicha entidad”.

Antecedentes de la reforma constitucional

Pedro Sánchez propuso reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto, iniciativa que requiere mayoría de tres quintos y actualmente no cuenta con apoyo del PP.

Cierre: Aplicación desigual de la ley

La SEC señala que en Madrid solo el 0,47% de abortos se realizan en la sanidad pública. Algunas provincias carecen de centros públicos, obligando a mujeres a desplazarse.

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