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Policía de Río afirma que el 95% de los fallecidos en operativo tenía vínculos criminales

La policía afirma que el 95% de los 115 civiles fallecidos en el operativo de Río de Janeiro tenían vínculos con el Comando Vermelho. 97 tenían antecedentes penales y 59 eran buscados por la justicia. La ONU pidió investigaciones independientes.

La despedida de Ravel Rios, de 19 años, uno de los muertos durante el operativo policial de Río de Janeiro.
La despedida de Ravel Rios, de 19 años, uno de los muertos durante el operativo policial de Río de Janeiro. / Reuters / Clarín

Policía afirma que 95% de los 115 civiles muertos en Río tenían vínculos con Comando Vermelho

Más del 95% de los 115 civiles fallecidos identificados en el operativo de Río de Janeiro tenían vínculos con el Comando Vermelho. La acción policial, que movilizó a 2.500 agentes, dejó un total de 121 muertos confirmados por el Gobierno regional.

Perfil de los fallecidos

Según el informe oficial, 97 personas tenían antecedentes criminales relevantes y 59 eran buscados por órdenes judiciales. De los 17 sin antecedentes, la Policía consideró que doce mostraban indicios de participación en el narcotráfico en sus redes sociales.

Origen de las víctimas y repercusión

La investigación reveló que 62 fallecidos eran foráneos al estado de Río de Janeiro. El gobernador Cláudio Castro calificó la operación como un duro golpe para la delincuencia, destacando la muerte de varios líderes criminales.

Controversia y supervisión judicial

El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU a pedir investigaciones independientes. La Corte Suprema ordenó la preservación rigurosa de todas las pruebas para asegurar la transparencia de los hechos.

Antecedentes del operativo

El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. La acción resultó en la muerte de 117 civiles y cuatro agentes de seguridad.

Implicaciones del caso

La Corte Suprema supervisa si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas para operaciones en favelas. El objetivo es prevenir violaciones de derechos humanos y verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el tribunal.

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