Suriname exige financiación climática por mantener el 93% de su bosque

Suriname mantiene el 93% de su cobertura forestal y es uno de los tres países con emisiones netas negativas de carbono del mundo. La presidenta Jennifer Geerlings-Simons acudirá a la COP30 en Brasil para exigir mercados de carbono operativos y una compensación justa por la conservación, mientras gestiona la presión de la minería interna.

Un liderazgo en conservación con voz en la COP30

Suriname acude a la COP30 con una posición de fuerza basada en sus logros ambientales. El país es miembro del Foro G-Cero y de la coalición de países HFLD (Alto Bosque, Baja Deforestación). Su estrategia se centra en canalizar financiación climática internacional para compensar la conservación de sus bosques, que compiten con recursos minerales como oro, bauxita y diamantes.

El plan: proteger el 90% de la selva con financiación externa

El gobierno se ha comprometido a conservar formalmente el 90% de la selva tropical, más de 150.000 kilómetros cuadrados. Este anuncio ya ha captado 20 millones de dólares de donantes ambientales. La meta implica crear nuevas áreas protegidas y demarcar territorios indígenas y cimarrones (Maroons). Geerlings-Simons argumenta que los países que emiten carbono deben pagar a quienes lo absorben, criticando las barreras burocráticas de los mercados de carbono actuales.

El dilema económico: minería versus bosque

La presidenta reconoce la dependencia económica de la minería para financiar infraestructuras, seguridad y servicios. Acepta que la minería de oro y bauxita continúa, a menudo con mercurio y cianuro, pero afirma que hay margen para ambas actividades. Su propuesta es usar los ingresos del futuro petróleo offshore para mejorar la supervisión minera y desarrollar alternativas económicas, como el ecoturismo.

Conflictos territoriales y tensiones sociales

La demarcación de tierras indígenas y cimarrones genera descontento en algunas comunidades. Se han producido protestas y violencia contra la minería y la tala en sus territorios. Geerlings-Simons afirma estar negociando soluciones específicas, con un grupo de asesores que incluye a pueblos indígenas, y busca un reconocimiento legal de los jefes tribales.

Una visión pragmática de la conservación

Geerlings-Simons no ve contradicción entre desarrollo y ambiente. Promueve un modelo de «uso sostenible» que incluye tala regulada (como el sistema CELOS), agricultura en tierras costeras ya degradadas y turismo de naturaleza. Insiste en que Suriname tiene tierra agrícola subutilizada y no necesita deforestar la selva para expandir el agronegocio.

La minería ilegal: un problema complejo y arraigado

La minería de oro ilegal o informal es un desafío sistémico. Involucra a comunidades locales, mineros brasileños armados y una cadena de comercialización opaca. El gobierno es comprador de parte de este oro, argumentando que esos ingresos son necesarios para proveer servicios y, eventualmente, regular el sector. La estrategia pasa por crear «zonas seguras» para la minería artesanal y canalizar fondos para mejorar la seguridad y reducir el uso de mercurio.

El cierre: un llamado a la acción real en la COP30

La posición de Suriname en la conferencia climática será un llamado a materializar la financiación prometida. Geerlings-Simons presionará para apoyar la iniciativa brasileña Tropical Forests Forever Facility (TFFF) y simplificar la burocracia de los créditos de carbono. Su mensaje final es claro: el bosque permanecerá en pie solo si hay una compensación económica real que compita con el valor de los minerales que hay bajo él. El futuro del 93% del bosque de Suriname depende de ese acuerdo global.