Bolivia promulga ley de protección integral para huérfanos de feminicidio
Bolivia promulga la Ley 1680, que garantiza un bono mensual no inferior al 20% del salario mínimo, educación, salud y apoyo psicológico a los hijos menores de víctimas de feminicidio. Los beneficios se extienden hasta los 25 años si estudian.
Bolivia promulga ley de protección para huérfanos de feminicidio
Un bono económico mensual no inferior al 20% del salario mínimo nacional. La Ley 1680, promulgada por el presidente Luis Arce, establece medidas de apoyo integral para los hijos de víctimas de feminicidio. La normativa entró en vigencia este 6 de noviembre.
Apoyo Económico Garantizado
La ley crea un bono mensual que no será inferior al 20% de los 2.750 bolivianos del salario mínimo nacional. Este beneficio se otorga de dos formas: un bono provisional desde el inicio de la investigación y un bono definitivo tras una sentencia condenatoria. El pago no se suspende aunque no se identifique al autor del delito o exista una absolución.
Medidas de Protección Integral
La norma establece acceso garantizado a educación y salud, incluyendo un subsidio alimentario para menores de cinco años. También proporciona acompañamiento psicológico y atención legal gratuita. Los beneficiarios tienen acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) y a programas de vivienda social.
Un Compromiso con el Futuro
El presidente Arce describió la ley como un compromiso ineludible con la vida y el futuro de los niños que han sufrido esta pérdida. El Estado asume así la responsabilidad de garantizar el apoyo económico, social y psicológico para los menores afectados.
Alcance de los Beneficios
Los beneficios se aplican a hijos menores de 18 años y se extienden hasta los 25 años si cursan estudios superiores. La ley prioriza la unidad familiar, estableciendo que los hermanos no deben ser separados en casos de acogimiento o adopción.
Antecedentes de la Normativa
La Ley 1680, “de protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida”, fue promulgada por el presidente Luis Arce. Uno de sus pilares centrales es la creación de un bono económico mensual.
Implicaciones de la Ley
La entrada en vigencia de esta normativa implica que el nivel central del Estado deberá asignar recursos para el bono y las medidas complementarias. Esto representa una respuesta institucional dirigida a la reparación integral de los menores afectados por la violencia de género.