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Fiscalía imputa al alcalde Fernández por desobediencia a resoluciones

El alcalde Jhonny Fernández se presentará a la audiencia cautelar el 25 de noviembre por imputación de desobediencia a resoluciones constitucionales. La Fiscalía solicita detención preventiva de 90 días.

Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra
Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra / Autor no disponible / Fuente no disponible

Alcalde Fernández afrontará audiencia cautelar por caso Mutualista el 25 de noviembre

El alcalde Jhonny Fernández se presentará a la audiencia cautelar el 25 de noviembre. La Fiscalía lo imputó por desobediencia a resoluciones constitucionales. El proceso judicial determinará sus medidas cautelares.

Imputación Fiscal por Incumplimiento de Sentencia

La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó una imputación formal a finales de octubre. El delito imputado es desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, tipificado en el artículo 179 del Código Penal. La acusación surge por el presunto incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3.

Posición de la Defensa del Alcalde

El vocero municipal Bernardo Montenegro afirmó que el alcalde asistirá a la audiencia. Montenegro declaró que el alcalde, respetuoso, va a asistir y que ya se dio curso al fallo. Aseguró que el alcalde tiene la verdad de su lado y que la familia Crapuzzi no ha presentado los requisitos correspondientes en el municipio.

Antecedentes del Caso Mutualista

El conflicto surge porque la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3, emitida el 19 de julio de 2024, anuló el registro del terreno del mercado Mutualista como propiedad de la Alcaldía y lo reconoció a favor de la familia Crapuzzi. La Fiscalía alega que el alcalde Fernández no habría dado cumplimiento a esta resolución judicial.

Implicaciones del Proceso Judicial

En la audiencia cautelar se determinará si el alcalde se defenderá en libertad o en detención preventiva. La Fiscalía solicita una detención preventiva de 90 días. El abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, manifestó su preocupación por que el acusado, con su poder político y económico, pueda seguir postergando el cumplimiento de la sentencia.

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