Consejo de la Magistratura audita casos del ministro de Justicia y comandante policial

El Consejo de la Magistratura instruye auditorías judiciales inmediatas. Los procesos investigan presuntas torturas en la sentencia del ministro Freddy Vidovic y el incumplimiento de un fallo constitucional sobre el comandante Augusto Russo.

Dos casos bajo escrutinio judicial

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, calificó ambos expedientes como “dos casos escandalosos para la justicia boliviana”. Anunció una auditoría sobre la sentencia del actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch, tras sus declaraciones sobre presuntas torturas y manipulación judicial. La Dirección Distrital de La Paz revisará si la sentencia se obtuvo mediante coacción.

Investigación por incumplimiento de fallo

En el caso del comandante de la Policía, Augusto Russo, se investiga por qué el Ministerio Público y la instancia disciplinaria policial no ejecutaron un fallo constitucional vinculante de la Sala Constitucional del Beni. Baptista subrayó que “la ley es máxima y las influencias deben ser cero”.

Acciones disciplinarias y posibles delitos

El Consejo dispuso que su Dirección Distrital en el Beni realice una indagación inmediata para establecer las causas del incumplimiento. Baptista advirtió que si se comprueban irregularidades, se activará el régimen disciplinario y se impondrán sanciones ejemplificadoras. Para el caso Russo, se gestionarán denuncias a través de la Unidad Nacional de Transparencia si se determinan responsabilidades.

Antecedentes de los casos

Las auditorías se abren tras las declaraciones del ministro Vidovic sobre torturas en su propio caso y las cuestionamientos públicos del vicepresidente Edmand Lara sobre la continuidad del comandante Russo, luego de conocerse que un fallo constitucional en su contra no fue ejecutado.

Implicaciones para el sistema judicial

Estas investigaciones buscan verificar posibles injerencias y garantizar que no se repitan prácticas de presión o manipulación judicial. El objetivo declarado es reforzar la independencia del poder judicial y el cumplimiento de las resoluciones constitucionales.