La Casa Blanca prepara una orden ejecutiva para bloquear las leyes estatales sobre IA
Un borrador de orden ejecutiva de la Casa Blanca busca crear un mecanismo federal para impugnar normativas estatales sobre inteligencia artificial, movilizando al Departamento de Justicia y otras agencias en un contexto de intenso debate nacional.
La Casa Blanca prepara una orden ejecutiva para bloquear leyes estatales de IA
Un borrador de orden ejecutiva preparado por la Casa Blanca busca movilizar al gobierno federal para impugnar normativas estatales sobre inteligencia artificial. El documento, filtrado a POLITICO, ordena crear una fuerza de tarea y usar varias agencias.
Un mecanismo federal para impugnar leyes
El borrador instruye al Departamento de Justicia para crear una «Fuerza de Tarea de Litigación de IA». Esta unidad, en consulta con el asesor especial para IA y cripto David Sacks, identificaría qué leyes estatales impugnar. Los argumentos legales serían la regulación inconstitucional del comercio interestatal o la preeminencia de la normativa federal.
Más agencias en la estrategia
La orden también empodera a otras agencias. El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, debe publicar una revisión de leyes estatales «onerosas» en 90 días. La Comisión Federal de Comercio (FTC) investigará si ciertas leyes estatales violan la Ley FTC. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y David Sacks estudiarán una nueva norma federal de IA.
El contexto del debate nacional
La medida se enmarca en un debate nacional sobre quién debe dirigir la política de IA. La industria y legisladores republicanos argumentan que las leyes estatales crean un «mosaico» conflictivo que frena la innovación. Un esfuerzo legislativo para bloquearlas fracasó este verano, pero resurge en el proyecto de ley de defensa anual.
Repercusión y cuestionamientos legales
La posible orden ejecutiva ya genera rechazo. Legisladores estatales, como el senador de California Scott Wiener, se oponen. Expertos legales, como Mackenzie Arnold de LawAI, cuestionan su base legal, argumentando que los estados tienen autoridad para regular dentro de sus fronteras y que sus leyes no infringen la Cláusula de Comercio federal.