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Trump prepara orden ejecutiva para impugnar leyes estatales sobre IA

Un borrador de orden ejecutiva de Trump instruye al Departamento de Justicia a demandar a estados con normativas de IA. La medida, que también usaría fondos federales como presión, busca un estándar nacional único, enfrentando críticas por socavar la seguridad.

Donald Trump
Donald Trump / Alex Wong; Getty Images / WIRED

Trump prepara orden ejecutiva para impugnar leyes estatales de IA

Un borrador de orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia de EE. UU. a demandar a estados con normativas de IA. El texto, conocido por WIRED, podría firmarse esta semana y busca eliminar obstáculos estatales a la política nacional de IA.

Mecanismos de la orden ejecutiva

El borrador ordena a la fiscal general Pam Bondi crear una Fuerza de Tarea de Litigio de IA. Este grupo, en colaboración con asesores tecnológicos de la Casa Blanca, demandaría a estados cuyas leyes de IA supuestamente violen la Primera Enmienda o la Cláusula de Comercio de la Constitución.

Fondos federales como herramienta de presión

La orden también insta al Departamento de Comercio a elaborar directrices que podrían privar de financiación federal para internet de alta velocidad a los estados que regulen la IA. Este programa, BEAD, está valorado en más de 42.000 millones de dólares.

Antecedentes y presión del sector

La iniciativa se produce mientras grupos de la industria tecnológica, como Chamber of Progress, respaldado por ANDREESSEN HOROWITZ, GOOGLE y OPENAI, lobbyean contra las leyes estatales. Defienden un marco federal único y menos riguroso, argumentando que la regulación estatal fragmentada perjudica la innovación.

Repercusión y críticas

La ACLU afirma que el borrador «socava la confianza» en la seguridad de la IA. La orden llega en un contexto de presión política activa contra promotores de leyes estatales, incluyendo campañas de un super PAC financiado por actores tecnológicos clave.

Cierre: Hacia un estándar nacional

El borrador busca establecer un mínimo estándar nacional para la IA, evitando 50 normativas estatales diferentes. La medida tendría implicaciones significativas en el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados en la regulación tecnológica.

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