ANP rechaza propuesta de regulación de redes sociales en Bolivia

La ANP alertó que las leyes motivadas por intereses políticos solo sirven para limitar la libertad de expresión. La declaración se produce tras el anuncio de una diputada oficialista de presentar un proyecto de regulación.

Rechazo a la iniciativa legislativa

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó el interés de regular las redes sociales. Su presidente, Jorge Carrasco, afirmó que este tipo de leyes «solo sirven para limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y el trabajo de la prensa». La ANP emitió su comunicado después de que la jefe de bancada del PDC, Marlene Miranda, anunciara su intención de presentar un proyecto de regulación.

Contexto del anuncio regulatorio

La declaración de la ANP se realizó un día después de la difusión de un polémico video que involucró la vida sentimental del vicepresidente Edman Lara. El Vicepresidente negó ser el autor del mensaje audiovisual, aseguró que fue elaborado con inteligencia artificial y denunció la vulneración de sus redes sociales.

Críticas desde el sector digital y periodístico

El presidente de la Cámara de Medios Digitales de La Paz, Iván Rada, calificó el anuncio como «un mal inicio» de la nueva clase política. Afirmó que cualquier normativa que apunte a limitar la libertad de expresión con fines políticos siempre será rechazada. Por su parte, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, señaló que «va a ser imposible regular las redes sociales para contener el derecho a la libertad de expresión».

Antecedentes de la polémica

Los diarios independientes recordaron a la legisladora que cada una de las supuestas vulneraciones posee una ley específica y corresponde su aplicación, previo esclarecimiento e investigación a cargo de autoridad competente. Marlene Miranda había expresado el deseo de aplicar límites en la difusión de mensajes relacionados con la familia, los niños y la privacidad.

Implicaciones para la libertad de expresión

El sector periodístico y digital boliviano muestra un rechazo unánime a la iniciativa de regulación. Consideran que el contexto personal del caso que motivó el anuncio podría llevar a una legislación que restrinja derechos fundamentales en lugar de abordar problemáticas específicas ya cubiertas por leyes existentes.