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Fiscalía de Chuquisaca admite denuncia contra magistrados autoprorrogados

La Fiscalía de Chuquisaca investiga a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por acoso político y falsedad ideológica, tras una denuncia por una prórroga de mandato considerada inconstitucional.

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Imagen sin título / Autor no disponible / URGENTE.BO

Fiscalía de Chuquisaca investiga a cinco magistrados por prórroga

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los delitos de Acoso Político contra Mujeres y Falsedad Ideológica. La investigación preliminar ya está en marcha.

Arranca la investigación

La fiscal Jhenny Esther Torrico Delgadillo dispuso que la denuncia pase a conocimiento del fiscal de materia. La investigación, que estará a cargo de la Policía Nacional, tiene como objetivo esclarecer la verdad histórica y material de los hechos. Los denunciados son los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.

Origen de la denuncia

La demanda fue presentada el 12 de noviembre por las magistradas del TCP Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes fueron electas en los comicios judiciales de diciembre del año pasado. Su argumento es que los denunciados emitieron una sentencia que determinó la prórroga inconstitucional de mandato de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial.

Antecedentes de la prórroga

Los cuatro magistrados electos denunciaron previamente a los cinco autoprorrogados por “anomalías y abusos”. Según los denunciantes, estas autoridades desarrollaron acciones sistemáticas para mantenerse en el cargo y frenar la renovación institucional. Señalaron que la primera irregularidad ocurrió con la emisión del Auto Constitucional 053/2024-O, que frenó proyectos de ley destinados a establecer mecanismos de sucesión.

Implicaciones del proceso

La admisión de la denuncia por parte del Ministerio Público significa que se abre la investigación para que los ‘autoprorrogados’ sean procesados por la vía ordinaria. Este paso legal busca determinar responsabilidades penales en un caso que afecta a la cúpula del sistema judicial.

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