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Adolescentes australianos recurren al Tribunal Superior la prohibición de redes sociales

Dos adolescentes de 15 años, respaldados por Digital Freedom Project, recurren al Tribunal Superior de Australia contra la ley que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre, alegando que viola sus derechos constitucionales.

Noah Jones y Macy Neyland argumentan que la prohibición ignora los derechos de los niños
Noah Jones y Macy Neyland argumentan que la prohibición ignora los derechos de los niños / Autor no disponible / BBC

Dos adolescentes recurren al Tribunal Superior contra la prohibición australiana de redes sociales

La ley, que entrará en vigor el 10 de diciembre, obliga a plataformas como Meta, TikTok y YouTube a impedir cuentas a menores de 16 años. Dos jóvenes de 15 años, respaldados por un grupo de derechos, presentaron un recurso por considerar la norma inconstitucional.

Impugnación por derechos de comunicación

Noah Jones y Macy Neyland alegan que la prohibición viola su derecho a la comunicación libre. La organización Digital Freedom Project (DFP) presentó el caso, argumentando que la ley ignora los derechos de los niños y afecta desproporcionadamente a jóvenes vulnerables.

Reacción del gobierno y críticas

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, declaró que el gobierno no cederá ante desafíos legales. Macy Neyland comparó la prohibición con «el libro 1984 de Orwell«, mientras que Noah Jones calificó la política de «perezosa» y abogó por salvaguardias en lugar de silenciar.

Antecedentes de la prohibición

La ley fue justificada por el gobierno y grupos de campaña como necesaria para proteger a los niños de contenido y algoritmos dañinos. Las empresas tecnológicas se oponen, pero la medida cuenta con el apoyo de la mayoría de adultos australianos.

Implicaciones y alternativas propuestas

El DFP sostiene que la prohibición podría aislar a los jóvenes más vulnerables, como aquellos con discapacidad o de comunidades LGBTIQ+. El grupo aboga por programas de alfabetización digital y tecnologías de verificación de edad como alternativas menos intrusivas. Google también evalúa un recurso constitucional.

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