Justicia boliviana ordena demoler represas ilegales en río San Lorenzo

El Juzgado Agroambiental de Roboré ordena la destrucción de infraestructuras ilegales que desviaron el cauce del río San Lorenzo durante más de una década. La resolución, dictada por el juez Álvaro Flores, beneficia a cinco comunidades indígenas de la TCO Turubó Este y establece indemnizaciones.

Reparación ambiental y social

La sentencia establece tres medidas clave. Ordena la remoción en un plazo máximo de 10 días de todas las obras civiles no autorizadas. También instruye la elaboración de un informe pericial para cuantificar los daños y derivar indemnizaciones. Finalmente, declara a los miembros de la TCO Turubó Este como ‘Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales’.

Origen del conflicto

La demanda fue presentada en 2021 por el cacique Wilson Perrogón, tras el secado total del río el 3 de noviembre de 2020. Un grupo de indígenas descubrió entonces represas y sistemas de captación para uso ganadero en la hacienda San Lorenzo, que afectaban a más de 240 familias.

Antecedentes de una década

El conflicto se remonta a inspecciones ambientales de 2020 que confirmaron la existencia de estas estructuras ilegales en propiedades ganaderas privadas, sin que se aplicaran sanciones iniciales pese a las recomendaciones de la autoridad departamental.

Implicaciones del fallo

Expertos advierten que este caso podría sentar precedentes para otros litigios ambientales en Bolivia, impulsando una mayor responsabilidad en el uso de recursos hídricos. Autoridades locales y nacionales han sido notificadas para supervisar la ejecución de la sentencia.