Concejal Alberti califica de ilegal el decreto de Fernández sobre posesiones

El concejal José Antonio Alberti anunció un recurso de control de legalidad contra el decreto edil. El alcalde Jhonny Fernández busca regularizar la posesión pasiva de predios para más de 100.000 personas, medida que la oposición municipal considera sin sustento jurídico.

Cuestionamiento a la competencia y validez

El edil de Comunidad Autonómica afirmó que la Alcaldía “no tiene la competencia o la función” para emitir certificaciones de propiedad, ya que esto requiere una ley. Aseguró que el documento “no tiene ninguna validez” y dejaría desprotegidas a las familias si los terrenos son privados.

Riesgo de conflictos legales y avasallamientos

Alberti advirtió que la norma “puede dar pie a regularizar lo irregular”, promoviendo asentamientos en áreas verdes o predios municipales. Señaló el caso del mercado Mutualista como un precedente y alertó sobre la posibilidad de “cientos de mercados mutualistas”.

Intereses políticos y recaudatorios detrás del decreto

Según el concejal, el decreto responde a dos objetivos: hacer política con la necesidad ciudadana e incrementar la recaudación municipal. Mencionó que el municipio no ha cumplido el 50% de su meta de ingresos y tiene deudas con más de 400 empresas por unos 840 millones de bolivianos.

Gestión económica en entredicho

Alberti criticó la crisis de liquidez de la Alcaldía. Relacionó el anuncio del decreto con la próxima aprobación de créditos por 52,2 millones de bolivianos para pagar planillas atrasadas, sugiriendo que es una “cortina de humo”.

Antecedentes de un conflicto anunciado

El concejal Alberti cuestionó la base legal del decreto municipal que busca certificar posesiones. Recordó que la regulación de propiedad requiere una ley, no un decreto edil, y advirtió sobre los riesgos de avasallamientos y conflictos de legalidad.

Cierre: Vías legales y consecuencias

Una vez publicada la norma en Gaceta Municipal, el Concejo prevé iniciar un control de legalidad. Cualquier vecino afectado podría presentar un amparo constitucional. La medida abre un conflicto institucional entre el Ejecutivo municipal y el Concejo.