Ministro Lupo afirma que Evo Morales no vendrá a La Paz por orden de aprehensión
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Ejecutivo no negociará con el expresidente Evo Morales, quien tiene una orden de aprehensión. El gobierno condiciona cualquier diálogo a que Morales se enfrente a la justicia.
Gobierno rechaza negociar con Evo Morales por orden de aprehensión
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Ejecutivo no negociará con el expresidente Evo Morales. La declaración se produce después de que Morales y dirigentes del Trópico de Cochabamba presentaran un pliego petitorio al presidente Rodrigo Paz. Lupo advirtió que Morales debe responder ante la justicia si abandona esa región.
Un reto presidencial y una advertencia ministerial
El presidente Rodrigo Paz retó al expresidente a salir del Trópico de Cochabamba y acudir a La Paz para que su petitorio sea atendido. Lupo respaldó este desafío, señalando que Morales «no va a venir a La Paz porque tiene cuentas con la justicia». El ministro subrayó que el gobierno no debe negociar con nadie que tenga procesos legales abiertos.
La razón del resguardo en el Chapare
Los dirigentes afines a Morales aclararon que el expresidente no saldrá de la región por seguridad. La medida de resguardo se debe a que Morales tiene una orden de aprehensión dentro de una investigación por un caso de 2015. Se lo investiga por tener relaciones con una menor de 15 años a la que embarazó en ese año.
Antecedentes del conflicto legal
La orden judicial es el antecedente inmediato del actual enfrentamiento político. El expresidente Evo Morales alega que no existe víctima en ese proceso, pese a no negar la existencia de su hija con la ahora joven. Esta situación legal es la base de la advertencia gubernamental sobre su eventual salida del Trópico de Cochabamba.
Cierre: Un diálogo bloqueado por la justicia
El gobierno de Rodrigo Paz cierra la puerta a cualquier negociación directa con el expresidente, condicionándola al enfrentamiento de Morales con el sistema judicial. La postura oficial transforma una solicitud de diálogo sobre temas de desarrollo en un punto de confrontación legal, dejando el pliego petitorio sin posibilidad de tratamiento inmediato.