Pobladores de Tariquia exigen al presidente Paz respetar su rechazo a proyecto petrolero
El Comité de Defensa de la Reserva de Tariquía pidió al presidente Rodrigo Paz Pereira respetar el rechazo mayoritario al proyecto exploratorio de Petrobras. Doce pobladores están imputados por oponerse a los trabajos, mientras la empresa avanza con socializaciones.
Pobladores de Tariquía piden al presidente Paz respetar su oposición a proyecto petrolero
El Comité de Defensa de la Reserva de Tariquía pidió este lunes al presidente Rodrigo Paz Pereira respetar la decisión de las comunidades. La petición se realiza mediante un manifiesto que reafirma el rechazo al proyecto exploratorio Domo Oso X3. La empresa operadora, Petrobras, cuenta con licencia ambiental otorgada en la gestión de Luis Arce.
Un rechazo documentado y con consecuencias legales
El presidente del Comité, Alvino Mercado, afirmó que la mayoría de la población se opone al proyecto, decisión que quedó registrada en un libro de actas tras una consulta participativa en octubre de 2024. En respuesta a la oposición pacífica, fueron denunciados 28 pobladores, de los cuales 12 están imputados por impedir trabajos para la obtención de la licencia ambiental.
Avance de la actividad petrolera en la zona
Mientras los pobladores se manifiestan, técnicos de la empresa IST-Bolinter realizan socializaciones en el Cantón de Chiquiacá. Estas socializaciones tratan sobre la apertura de un camino y una planchada para el ingreso de equipos de perforación. El proyecto Domo Oso X3 se localiza en el área petrolera San Telmo Norte, fuera del área protegida.
Antecedentes: Una licencia en disputa
El proyecto exploratorio Domo Oso X3, operado por la empresa brasileña Petrobras, ya cuenta con licencia ambiental. Esta licencia fue otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno de Luis Arce.
Cierre: Un llamado al gobierno electo
Los pobladores, que votaron por Rodrigo Paz en segunda vuelta, exigen que su gobierno respete su derecho al agua, la vida y el medioambiente. El conflicto enfrenta el derecho a la consulta de las comunidades con un proyecto autorizado que avanza en su fase logística.