Magistrado Arias inicia depuración del TCP tras cese de magistrados autoprorrogados
El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene más de 17.000 expedientes sin resolver tras el cese de cinco magistrados autoprorrogados. El magistrado Boris Arias califica la situación de «caos» y anuncia la reanudación de sorteos de causas para procesar la carga heredada.
Magistrado Arias inicia orden del TCP tras hallar más de 17.000 causas pendientes
El TCP acumula más de 17.000 expedientes sin resolver tras el cese de cinco magistrados autoprorrogados. El magistrado Boris Arias afirma que la institución quedó en «caos» y que esta semana se retomarán los sorteos de causas para procesar la carga pendiente.
Transición forzada tras una autoprórroga prolongada
Las declaraciones de Arias surgen una semana después de que se pusiera fin a la autoprórroga de cinco magistrados mediante el Auto Constitucional 0087/2025. Este documento fijó un plazo de diez días hábiles para la transición. Las salas regionales ordenaron el cese inmediato, la suspensión de sueldos y la prohibición de acceso a las instalaciones para los magistrados salientes.
Los actores del cambio y la repercusión inmediata
Los magistrados cesados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas. También fueron alcanzados por decisiones similares dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Arias detalla que, pese a operar con cuatro miembros, la ley permite continuar: la Comisión de Admisión puede trabajar con tres magistrados y las salas deliberan de a dos.
Un año de controversia que derivó en colapso procesal
El magistrado electo Boris Arias aseguró que encontró el Tribunal Constitucional Plurinacional en un estado de desorden, con expedientes rezagados de varias gestiones. La situación es resultado de un año marcado por la polémica autoprórroga de los anteriores titulares, cuestionada por su legitimidad.
La ALP, llamada a blindar el trabajo del tribunal en transición
Arias consideró indispensable que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emita una ley que brinde certidumbre al trabajo del TCP durante esta etapa. La prioridad inmediata es restaurar el funcionamiento regular del tribunal, procesando la extensa carga pendiente que heredó.