Todos los vocales del OEP cesan por mandato constitucional el 19 de diciembre

Por mandato constitucional, todos los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cesan sus funciones el 19 de diciembre de 2025. La abogada constitucionalista María Elena Attard explica que este límite se computa por periodo constitucional, no por función personal. Este mismo criterio se aplica al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la Presidencia del Estado.

Un TCP en funciones debe resolver el futuro de los vocales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), actualmente con cuatro magistrados, debe emitir la resolución final sobre el Amparo Constitucional presentado por la exvocal Dina Chuquimia. Ella impugnó su destitución por decreto del expresidente Luis Arce, alegando violación a la inamovilidad que garantiza la Constitución Política del Estado (CPE). El fallo del TCP definirá la validez del mandato de los vocales designados por Arce y, según Chuquimia, podría habilitar al presidente Rodrigo Paz a destituirlos.

Otros recursos y solicitudes pendientes

En el mismo expediente, el actual vocal Gustavo Ávila presentó una solicitud de medidas cautelares al TCP. Ávila fue posesionado en abril de 2024. EL DEBER intentó, sin éxito, obtener su declaración sobre el caso.

Antecedentes de destituciones y recursos internacionales

En junio de 2021, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho vocales departamentales designados por Luis Arce, dejando fuera a seis nombrados por Jeanine Áñez. La exvocal Nataly Vargas, del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, presentó un recurso que fue denegado. Vargas acudió al sistema interamericano de Derechos Humanos, alegando vulneración de su derecho al trabajo y a la función pública.

Cierre: La sentencia del TCP marcará el camino institucional

La próxima resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el amparo de Chuquimia tiene implicaciones directas para la composición del OEP. Su fallo determinará la validez de los mandatos vigentes y establecerá un precedente sobre la aplicación del periodo constitucional frente a los decretos de destitución.