Fiscalía boliviana secuestra contratos irregulares en registro a YPFB
La Fiscalía boliviana secuestró documentación en oficinas de YPFB por irregularidades en licitaciones. Se investigan delitos de conducta antieconómica y nepotismo en contratos, incluidos de equipo satelital.
Fiscalía secuestra contratos irregulares en registro de oficinas de YPFB
El Ministerio Público secuestró documentación tras un registro en oficinas de YPFB en La Paz. Se investigan irregularidades en licitaciones y contratación por delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Una persona fue sindicada.
Operativo en el Prado paceño
Una comitiva de fiscales de la unidad de Anticorrupción realizó el operativo este miércoles. La fiscal Jenny Benítez indicó que se investigan irregularidades en los procesos de licitación y contratación de la estatal petrolera. La carpeta con documentación será sujeta a análisis.
Contratos satelitales y nepotismo
Entre los documentos hay contratos para adquisición de equipo satelital. Según denuncias, el representante legal de una de las empresas sería una sobrina de un funcionario involucrado en el proceso de contratación.
Empresas con sanciones admitidas
Se observó que empresas con sanción del SICOES fueron recepcionadas en los procesos pese a no cumplir requisitos. El Ministerio Público investiga a dos empresas concretas. Algunos contratos irregulares no fueron efectivizados.
Dos sedes intervenidas
El registro no solo se realizó en las oficinas de YPFB en el Prado. Otra comitiva operó en las oficinas de la avenida Camacho y esquina Bueno. Las diligencias buscan determinar el monto del daño económico.
Antecedentes de la investigación
La causa se investiga por delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias. La Fiscalía actúa tras denuncias sobre irregularidades en los procesos de licitación y contratación en YPFB.
Cierre de la pesquisa fiscal
El Ministerio Público analizará la documentación secuestrada para verificar las irregularidades. La investigación determinará el alcance del presunto perjuicio económico al Estado.