Yerno de excandidato opositor venezolano condenado a 30 años por terrorismo

Rafael Tudares Bracho fue sentenciado a 30 años de prisión en un proceso judicial que su familia denuncia como irregular. Su esposa, Mariana González de Tudares, declaró que es inocente y que el juicio se realizó sin permitirle un abogado defensor de confianza.

Una condena en medio de denuncias de opacidad

La audiencia de sentencia se celebró el 28 de noviembre de 2025 y duró más de 12 horas, según la familia. La sentencia fue comunicada de manera telemática. Las autoridades venezolanas impiden a la familia y a su abogado acceder al expediente, argumentando la confidencialidad del caso.

Detención y contexto político

Tudares Bracho fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus hijos al colegio. Su suegro, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, denunció su «desaparición forzada» y afirma que la condena es una represalia política por su actividad opositora.

Otro condenado en el mismo proceso

En el mismo procedimiento judicial, el activista Luis Guillermo Isturiz fue condenado a 20 años. Isturiz, dirigente del partido Vente Venezuela, tampoco pudo designar un defensor particular. Su defensa fue manejada por un abogado del Estado venezolano.

La reacción de la familia y la oposición

Mariana González de Tudares insistió en que su esposo «no es políticono representa amenaza». Por su parte, Edmundo González Urrutia, desde el exilio en España, calificó la sentencia como una «decisión sin sustento jurídico» utilizada como represalia.

Un patrón de procesos judiciales cuestionados

Los medios venezolanos describieron el juicio como un «juicio express, sin acceso a abogados». El expediente fue instruido por el fiscal general Tarek William Saab. La familia denuncia la falta de pruebas concretas en el caso.

Implicaciones de una sentencia controvertida

Este caso pone el foco en el uso del sistema judicial venezolano contra familiares de figuras opositoras. La condena se produce en un contexto donde el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta críticas internacionales por el tratamiento a disidentes políticos y la independencia del poder judicial.