El Pentágono ordenó un segundo ataque pese a saber que había sobrevivientes
El Pentágono autorizó un segundo ataque para hundir una embarcación narco en el Caribe en septiembre de 2025, a sabiendas de que había sobrevivientes tras el primer bombardeo. El Congreso de EE.UU. investiga la legalidad y la cadena de mando de la operación.
Pentágono lanzó segundo ataque a lancha narco pese a saber que había sobrevivientes
El Pentágono sabía que había sobrevivientes tras el primer bombardeo a una embarcación presuntamente narco en el Caribe en septiembre de 2025, pero autorizó un segundo ataque para hundirla. El Congreso de EE.UU. investiga la legalidad de la operación y quién dio la orden.
Investigación congresual sobre la cadena de mando
El Congreso interrogará en sesión clasificada al almirante Frank “Mitch” Bradley, comandante que, según el gobierno, ordenó el segundo ataque. Lo que sigue sin estar claro es quién ordenó los ataques y si el secretario de Defensa Pete Hegseth estuvo involucrado. Los comités de Servicios Armados de la Cámara y del Senado anunciaron investigaciones.
Justificación y cuestionamiento legal
La justificación para el segundo ataque fue que era necesario hundir la embarcación. Hegseth ha defendido la decisión de Bradley. Sin embargo, algunos expertos legales y legisladores dicen que ese ataque habría violado las leyes de tiempos de paz y las de conflicto armado.
Antecedentes: La campaña antidrogas de Trump
Con el régimen de Nicolás Maduro en la mira, al que considera el líder de un cartel del narcotráfico, Trump comenzó a ordenar el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe en septiembre de 2025. El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una campaña que ahora incluye más de 20 ataques conocidos.
Cierre: Repercusiones y escrutinio
La información sobre el ataque de seguimiento no se presentó inicialmente a los legisladores y su explicación posterior ha resultado insatisfactoria para miembros del Congreso. Un ataque posterior ha llevado a una familia colombiana a presentar una impugnación ante el principal organismo de derechos humanos del continente, argumentando una ejecución extrajudicial.