Mina de cobre El Roble enfrenta denuncias de contaminación del río Atrato en Colombia

La única mina de cobre activa de Colombia, El Roble, opera con un plan ambiental de 2001 mientras su nueva licencia está en revisión. Activistas y ONGs denuncian contaminación del río Atrato, que tiene derechos constitucionales, y riesgos por presas de residuos. La empresa rechaza las acusaciones y afirma cumplir la normativa.

Conflictos en la transición energética

Colombia impulsa minerales estratégicos como el cobre para su transición energética. En este contexto, la mina El Roble, un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE), es centro de disputa. Comunidades del Chocó y guardianes del río Atrato acusan al proyecto de contaminar el agua y incumplir compromisos ambientales.

Denuncias de contaminación y riesgos

Un estudio de la ONG Terrae reportó aumentos en sulfatos y metales pesados cerca de la mina. La ONG SIEMBRA documentó al menos seis vertidos de contaminantes al río entre 2009 y 2021, incluida una rotura de presa de residuos. Los habitantes reportan disminución de peces y problemas cutáneos. La mina atribuye estos cambios a factores naturales y a la falta de alcantarillado municipal.

Preocupación por las presas de residuos

La presa de residuos número 4, ya clausurada, está a 250 metros de un hospital. ONGs advierten que fue construida en una zona inestable y reduce la llanura de inundación, aumentando el riesgo para la población. La empresa asegura que la Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que no representa un peligro.

Debate sobre la regulación ambiental

La mina opera con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) de 2001, ya que su licencia ambiental moderna sigue en evaluación. Críticos como SIEMBRA consideran esto ilegal según el Código de Minería. La empresa defiende la validez legal del PMA y afirma haber presentado el estudio de impacto para la nueva licencia en septiembre.

Cuestionamiento a la autoridad ambiental

Activistas acusan a la autoridad regional Codechocó de ser «permisiva y deficiente». Señalan que no impuso sanciones por vertidos no autorizados y que permitió a la empresa reforestar menos hectáreas de las comprometidas. La mina afirma cumplir sus cuotas y que Codechocó lo ha verificado.

Impacto económico y dependencia local

El Roble es la principal fuente de empleo en El Carmen de Atrato. La empresa destaca su inversión en proyectos comunitarios y compras locales. Sin embargo, el sindicato Sintramienergética denuncia salarios bajos y uso de contratos temporales. La comunidad teme el cierre de la mina, ya que no existe un plan claro para gestionar la posclausura.

Futuro incierto para el río y la comunidad

Mientras la mina busca expandirse y obtener su nueva licencia, las denuncias ambientales y sociales permanecen sin resolver. La disputa entre la empresa, las ONGs y la comunidad deja el futuro del Alto Atrato y la economía local en una situación de incertidumbre.