Gobierno de Paz inicia auditorías tras calificar al Estado como «cloaca»

El presidente Rodrigo Paz Pereira definió la herencia estatal como una «cloaca» durante su primer mes. Su gobierno lanzó auditorías, redujo ministerios y enfrentó una crisis de combustibles con desvíos en YPFB. También surgieron tensiones con el vicepresidente Edmundo Lara.

Auditorías y ajuste marcan el inicio de gestión

El gobierno inició una «autopsia al Estado» con auditorías exhaustivas. Se redujo el tamaño del gabinete, se fusionaron ministerios y se eliminaron unidades descentralizadas. El nuevo Ministerio de la Presidencia actúa como centro de coordinación estratégico.

YPFB, epicentro de investigaciones

Las pesquisas en la estatal petrolera revelaron desvíos de cisternas y mafias internas. El Ejecutivo sostuvo que parte de la crisis se debía a un entramado delictivo. Los hallazgos derivaron en allanamientos, detenciones y cambios de mando en YPFB.

Tensiones internas y promesas económicas

El vicepresidente Lara cuestionó el alcance económico de algunas decisiones, evidenciando divergencias. El gobierno prometió eliminar cuatro impuestos (ITF, IGF, IJ, IPE), pero a fin de mes no había enviado proyectos a la Asamblea Legislativa.

Discurso de apertura internacional

La administración buscó un quiebre con el aislamiento previo bajo el lema «Bolivia se abre al mundo». Esto incluyó gestiones con organismos multilaterales y un rediseño diplomático para recuperar credibilidad y acceder a financiamiento.

Un mes entre gestos simbólicos y emergencias

El primer mes incluyó actos de proximidad y gestos simbólicos, como la restitución de la sede de la APDHB a la activista Amparo Carvajal. También hubo respuesta a desastres naturales, como las inundaciones en Achira que dejaron desaparecidos y daños generalizados.

El desafío de transformar el discurso en acción

El balance del primer mes muestra un gobierno con anuncios contundentes y auditorías, pero con tensiones internas y límites fiscales. El principal reto es convertir la narrativa de reforma en normas y políticas públicas concretas, frente a un aparato estatal que describe como heredado en crisis.