UE reforma sistema de asilo y legaliza centros de retorno en terceros países

Los ministros del Interior de la UE, con el único voto en contra de España, aprobaron este lunes una reforma que endurece el tratamiento a los migrantes. La normativa incluye la creación de centros en países externos para personas con orden de expulsión.

Cuatro reglamentos modificados

La reforma cambia cuatro reglamentos básicos del sistema de asilo europeo. El primero establece un mecanismo de solidaridad para la redistribución de solicitantes, con un máximo de 21.000 personas o 420 millones de euros en compensaciones a los países de llegada.

Centros en países terceros

La medida más polémica es la legalización de centros en países no pertenecientes a la UE. Italia ya construyó uno en Albania para 3.000 personas. Países Bajos, Grecia y Alemania estudian iniciativas similares. El reglamento permite encerrar de forma indefinida, incluso a menores, a quienes no se pueda deportar.

Lista de países de origen seguros

Por primera vez, la UE tendrá una lista única de países considerados seguros. Los solicitantes de asilo procedentes de estos territorios serán sometidos a procedimientos acelerados en frontera, sin derecho a abogado ni a recurso judicial. La máxima autoridad para la deportación será un policía, no un juez.

Países terceros seguros

La reforma también introduce la figura del país tercero seguro. Esto permitirá rechazar una solicitud de asilo si el migrante ha transitado por uno de estos países, alegando que pudo pedir protección allí. Se prevé incluir a naciones como Marruecos.

Antecedentes de la votación

La derechización política europea conlleva políticas migratorias más duras, pese a los informes que señalan la importancia de la migración para el crecimiento económico y el sostenimiento de los sistemas sociales. La tendencia es a copiar las peticiones de la extrema derecha.

Repercusión y excepción española

España fue el único Estado miembro que votó en contra. Su ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, expresó «serias dudas jurídicas, políticas y económicas» sobre el endurecimiento. El gobierno español argumenta que los centros de retorno tendrán un impacto negativo en las relaciones con terceros países. La UE deporta realmente a entre un 20% y 25% de quienes reciben orden de expulsión, ya que los países de origen a menudo se niegan a firmar acuerdos de devolución.