Misión de la UE recomienda a Bolivia una ley de derechos digitales

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) recomendó este martes que Bolivia cuente con una ley sobre «derechos digitales» para frenar la «guerra sucia» y otra norma para garantizar la independencia de los medios públicos. El informe final se presentó tras las elecciones generales del 17 de agosto y la segunda vuelta del 19 de octubre.

Recomendaciones clave para el entorno digital

El jefe de la misión, el croata Davor Stier, señaló que la guerra sucia en la campaña se dio «sobre todo en la recta final para el balotaje» y en «plataformas digitales». La propuesta legislativa busca garantizar el acceso a la información pública, proteger la publicidad y a los ciudadanos en las plataformas. Stier mencionó que los observadores vieron «manipulaciones de noticias falsas que utilizaban inteligencia artificial (IA)».

Regulación ante los avances tecnológicos

Stier explicó que, aunque la ausencia de normas sobre plataformas digitales es común, es importante reglamentar de una manera más precisa teniendo en cuenta los avances tecnológicos. La misión considera que este tipo de legislación es fundamental para «tener un proceso que sea mejorado» en el futuro.

Una segunda ley para los medios públicos

La UE también recomendó la adopción de otra ley para los medios de comunicación públicos. Esta norma debe marcar explícitamente los principios de pluralismo, imparcialidad e independencia frente al Órgano Ejecutivo. El objetivo es que «todos los candidatos tengan las mismas posibilidades en la contienda electoral».

El contexto de las observaciones

Las recomendaciones se incluyen en el informe final de la misión sobre las elecciones generales bolivianas de 2025. La presentación del documento estuvo a cargo del jefe de la misión, Davor Stier, en una conferencia de prensa.

Implicaciones para futuros procesos electorales

Las dos propuestas legislativas buscan fortalecer el marco institucional para futuros comicios. La ley de derechos digitales aborda los desafíos de la desinformación, mientras que la norma para medios públicos apunta a equilibrar las condiciones de la competencia electoral.