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Fiscalía convoca a exministras y 20 exdirigentes como testigos en el caso Fondo Indígena

La Fiscalía de Bolivia convocará a declarar como testigos a 21 personas, incluidas las exministras Julia Ramos y Nemecia Achacollo y 19 exdirigentes sociales, dentro de la investigación por el manejo de recursos del Fondo Indígena.

Julia Ramos y Nemecia Achacollo, exministras de Desarrollo Rural y Tierras.
Julia Ramos y Nemecia Achacollo, exministras de Desarrollo Rural y Tierras. / composición ANF / ANF

Fiscalía convocará a exministras y exdirigentes como testigos en caso Fondo Indígena

La Fiscalía prevé tomar declaración a 21 personas como testigos, incluidas las exministras Julia Ramos y Nemecia Achacollo y 19 exdirigentes sociales afines al MAS. Las diligencias se enmarcan en la investigación al expresidente Luis Arce y la exdiputada Lidia Patty por el manejo de recursos.

Lista de convocados y diligencias previstas

Entre los citados figuran exautoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y dirigentes como Diego Faldín o Melva Hurtado. La Fiscalía también planea una inspección técnica ocular y registros. Algunos de los convocados, como Ramos y Hurtado, ya fueron investigados previamente y estuvieron detenidos.

Origen y alcance de la investigación

El caso se reactivó por una denuncia contra la exdiputada Lidia Patty. La investigación se amplió al expresidente Luis Arce, investigado por no hacer seguimiento a los desembolsos de recursos que autorizaba. Según documentos, varios dirigentes estuvieron de manera recurrente en los directorios de cada gestión del fondo.

Antecedentes del caso Fondo Indígena

Cuando estalló el escándalo, había dirigentes que de manera recurrente estaban presentes en los directorios de cada gestión. Algunos fueron investigados, es el caso Ramos, que incluso estuvo detenida preventivamente en la cárcel, al igual que Melva Hurtado.

Implicaciones del proceso judicial

Las diligencias informativas buscan recabar testimonio de figuras clave vinculadas a la gestión del Fondo Indígena. El proceso judicial mantiene bajo investigación a altas figuras políticas de gestiones anteriores por el uso de los recursos.

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