Contraloría destapa contratos con medios fantasmas en la Asamblea de Tarija
La Contraloría General del Estado detectó 57 contratos publicitarios de la Asamblea Legislativa de Tarija con medios digitales inactivos o «fantasmas», causando un perjuicio económico estimado de 50.000 bolivianos durante la gestión de Alan Barca.
Contraloría identifica 57 contratos con medios fantasmas en Asamblea de Tarija
La Contraloría General del Estado detectó 57 contratos publicitarios de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija con medios de comunicación «fantasmas» en el segundo semestre de 2023. Los contratos, suscritos durante la gestión del entonces presidente Alan Barca, involucran a páginas digitales inactivas. El daño económico presunto ronda los 50.000 bolivianos.
Irregularidades en la contratación pública
El informe de control fiscal advierte sobre la contratación de páginas y espacios digitales sin vigencia real, lo que impidió verificar la prestación del servicio. Además, se suscribieron contratos sin documentación idónea, lo que imposibilitó corroborar la naturaleza o capacidad operativa de los supuestos medios. La Contraloría también detectó beneficios exclusivos sin justificación técnica para un medio televisivo de Yacuiba.
Acciones y responsables
El asambleísta Mauricio Lea Plaza señaló que corresponde iniciar procesos administrativos internos contra los funcionarios involucrados. Los resultados definirán acciones penales, civiles o administrativas para el resarcimiento. En el caso estarían involucrados Alan Barca y cinco funcionarios, algunos ya no trabajan en la ALD. Barca no respondió a los requerimientos periodísticos.
Antecedentes de una denuncia estancada
Estas irregularidades ya fueron denunciadas en 2024 ante la Fiscalía Departamental de Tarija, pero las investigaciones no avanzaron hasta la fecha, según indicó el asambleísta Lea Plaza.
Cierre: Implicaciones del caso
El hecho expone fallas en los controles de contratación pública en la ALD. La investigación interna y la posible acción legal buscan determinar responsabilidades y recuperar los fondos públicos presuntamente malversados.