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Fiscalía procesa a expresidente Arce por desfalco del Fondo Indígena

La Fiscalía procesa al expresidente Luis Arce por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el Fondo Indígena. La acusación se basa en un acta de 2009 donde, como ministro, reconoció la ilegalidad de transferir fondos a cuentas privadas.

Acta de una de las reuniones del directorio del Fondo Indígena
Acta de una de las reuniones del directorio del Fondo Indígena / Autor no disponible / EL DEBER

Fiscalía procesa a expresidente Arce por desvío en Fondo Indígena

El expresidente Luis Arce es procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía presentó una imputación basada en un acta de 2009. El documento indica que Arce, como ministro, sabía que la ley impedía transferencias a cuentas privadas.

El acta que sustenta la acusación

En una reunión del directorio del FONDO INDÍGENA (FONDIOC) en noviembre de 2009, se planteó la duda legal sobre transferencias a particulares. Sandra Paredes, miembro del fondo, aclaró que la Ley Financial no contemplaba esa figura. El entonces ministro Arce reconoció esa limitación legal, pero sugirió que las organizaciones sociales afines al MAS elaboraran proyectos para transferir recursos en 2010.

Confirmación de la investigación anterior

El exfiscal Anghelo Saravia confirmó la autenticidad del acta. Saravia señaló que los exfiscales Paul Franco y Ramiro Guerrero desviaron la investigación para no procesar a Arce. Saravia fue encarcelado meses después de aprehender a la exministra Nemesia Achacollo, sindicada en el mismo caso.

Antecedentes: La presión por los fondos

El debate en 2009 se dio ante la cercanía de un año electoral. Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, afines al MAS y a Evo Morales, presionaban por la aprobación de proyectos del recién creado FONDIOC.

Cierre: Implicaciones legales y procesales

El fiscal Miguel Ángel Cardozo emitió la orden de aprehensión contra Arce. El expresidente optó por no declarar. Un economista consultado indica que estas transacciones requerían una ley expresa, separada de la ley presupuestaria anual, lo que cuestiona el respaldo legal de las transferencias.

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