Justicia uruguaya niega extradición a Bolivia de excura acusado de pederastia
La Justicia de Uruguay rechazó la extradición a Bolivia del exsacerdote Juan José Sant’anna, acusado de abusos a menores en 2007. El juez fundamentó la decisión en la prescripción del delito según la ley uruguaya, al haber transcurrido más de 10 años desde su declaración en rebeldía.
Justicia uruguaya niega extradición de excura acusado de abusos en Bolivia
La Justicia de Uruguay rechazó la extradición a Bolivia y dejó en libertad al exsacerdote Juan José Sant’anna. Está acusado por abusos contra al menos 30 niños en un internado de Tapacarí, Cochabamba, en 2007. El juez Matías Porciúncula fundamentó la decisión en la prescripción del delito según la ley uruguaya.
Un fallo basado en la prescripción del delito
El juez Matías Porciúncula determinó que el tipo de delito investigado ha prescrito según la legislación uruguaya. El equivalente al abuso deshonesto boliviano es el atentado violento al pudor en Uruguay, que prescribe a los 10 años. El juez contabilizó el plazo desde la declaratoria en rebeldía del excura en 2011, por lo que el caso prescribió en 2021.
La cronología que favoreció la liberación
Según la interpretación judicial, entre 2021 y 2025 la justicia boliviana no realizó ninguna petición. La alerta roja internacional se emitió en septiembre de 2025. La fiscalía uruguaya no apeló la decisión y se espera la respuesta de las autoridades bolivianas. Tras la liberación, el exsacerdote se trasladó a la casa de su familia en Salto.
Los antecedentes de una causa internacional
Los hechos ocurrieron en 2007, cuando las víctimas tenían entre 6 y 18 años. El excura se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía en 2011. En una audiencia en octubre, la defensa pidió a la Justicia boliviana que especificara la edad de las víctimas y los detalles de las fechas del proceso.
Las implicaciones del fallo judicial
La decisión judicial en Uruguay cierra, por ahora, la vía de extradición. El excura permanece en libertad en su país. El caso subraya las diferencias en los plazos de prescripción penal entre ambas naciones y la coordinación en procesos internacionales. La justicia boliviana debe definir sus próximos pasos.