Gobernación acusa a Libre de politizar plan de electrificación rural

La Gobernación de Santa Cruz rechaza las observaciones de Libre a un convenio con ENDE para electrificación rural. El asesor general, Efraín Suárez, afirma que el pedido responde a intereses de campaña electoral. El proyecto beneficiará a más de 2.400 familias que carecen de energía eléctrica. La autoridad departamental niega que el acuerdo vulnere la autonomía y alerta sobre una deuda municipal con la CRE que pone en riesgo el suministro a servicios esenciales.

Acusación de politización y defensa del convenio

El asesor general de la Gobernación, Efraín Suárez, sostuvo que el pedido de información de la bancada de Libre no tiene base técnica, sino intereses de campaña electoral. Afirmó que la iniciativa busca llevar energía a más de 2.400 familias en zonas rurales. Negó categóricamente que el convenio con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) implique una cesión de competencias autonómicas. Explicó que la Gobernación define los lugares de los proyectos y que la infraestructura se entregará a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).

Alerta por deuda municipal y riesgo de cortes

Suárez alertó sobre un problema mucho más grave: una deuda superior a Bs 22 millones que el municipio de Santa Cruz de la Sierra mantiene con la CRE. Esta mora, según la denuncia de la cooperativa, pone en riesgo el suministro eléctrico a hospitales, colegios, mercados y alumbrado público. El funcionario cuestionó: “¿Dónde están Libre y quienes reclaman que llevemos luz al área rural?”.

Antecedentes de la polémica

La firma del convenio entre la Gobernación y ENDE para proyectos de electrificación rural generó una fuerte polémica. El Comité pro Santa Cruz expresó su preocupación por el alcance del entendimiento y pidió explicaciones. Desde la Gobernación reiteraron que el acuerdo no delega atribuciones, no modifica el modelo autonómico y busca acelerar inversiones para cerrar brechas históricas de acceso a la energía.

Cierre: Enfrentamiento por prioridades

La disputa enfrenta la ejecución de un proyecto social de electrificación rural con acusaciones de politización electoral. Mientras la Gobernación defiende la urgencia de llevar energía a miles de familias, señala una crisis de suministro potencial en la ciudad por la deuda municipal. El conflicto subraya tensiones políticas en torno a la gestión de servicios básicos y la autonomía departamental.