Condenan a 12 años y medio de prisión por robo armado en Sucre

Un hombre de 31 años fue sentenciado a 12 años y medio de prisión por robo agravado y tenencia ilícita de arma de fuego. El Juzgado Cuarto de Sentencia Penal de Sucre dictó la pena, que se cumplirá en el penal de San Roque. La sentencia se produjo tras una investigación del Ministerio Público.

Pruebas y antecedentes determinan condena máxima

El Ministerio Público demostró la responsabilidad penal con informes policiales, actas, registros, pruebas audiovisuales y pericias informáticas. La fiscal del caso, Laura Sánchez, explicó que los antecedentes penales del condenado, con procesos abiertos y sentencias previas por hechos similares, fueron determinantes para imponer la pena máxima.

Detalles del hecho delictivo

En abril de 2025, Ismael H.E. ingresó a una vivienda en la zona de Rumi Rumi portando un arma de fuego y vestido de negro. Sustrajo artefactos electrónicos y joyas. La empresa de seguridad alertó a los propietarios mediante cámaras, quienes regresaron e interceptaron al sujeto. Tras un forcejeo, el acusado huyó pero fue capturado por la policía cerca de una laguna del sector.

Posición institucional frente al delito

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que se logró crear certeza ante la autoridad jurisdiccional para obtener una sanción severa. Con esta sentencia, el Ministerio Público subrayó su política de tolerancia cero frente a delitos violentos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, especialmente los cometidos con armas de fuego.

Antecedentes del condenado

Los antecedentes del condenado, que incluyen procesos abiertos y sentencias previas por hechos similares, además de un caso por corrupción de menores, fueron un factor clave en la decisión judicial para imponer la pena máxima por robo agravado.

Implicaciones de la sentencia

La condena de 12 años y medio refleja la aplicación de la pena máxima para el delito. El caso establece un precedente sobre el peso de los antecedentes penales en la determinación de la sentencia y refuerza el discurso institucional de mano dura contra los delitos con armas de fuego.